“Como nos enseña la teoría del
excedente, los capitalistas producen un excedente del que luego tienen que
hacerse con una parte, recapitalizarla y reinvertirla en expansión. Lo que
significa que siempre tienen que encontrar algo en que expandirse. (…) en los
últimos treinta años un inmenso volumen de excedente de capital ha sido
absorbido por la urbanización: por la reestructuración, la expansión y la
especulación urbanas” (Harvey, 2009, 25).
La actual sobreacumulación de
capitales ha traído consigo efectos devastadores que desmantelan
infraestructuras económicas, instituciones políticas y los derechos sociales,
económicos y culturales de gran parte de la humanidad. En efecto, la nueva
dinámica de acumulación de capital, conocida como neoliberalismo, busca desmantelar
los logros de la llamada “Sociedad de bienestar”, que desde la función del
Estado intentaba reinvertir parte de la riqueza y el salario social en los
llamados derechos sociales y colectivos: salud, educación, trabajo estable,
pensiones, entre otros. Es de notar que, si bien en América Latina no existió
un Estado de Bienestar Universal, el neoliberalismo al romper con el Modelo de
Sustitución de Importaciones, implicó “el desmonte de los componentes
universalistas que existían en la política social, y una radicalización de las
políticas asistencialistas” (Giraldo, 2007, 83).
A partir de la crisis de la
deuda, en la década de los años 80, a los países latinoamericanos se les impuso
desde el neoliberalismo un nuevo orden espacial territorial de ciudades que
deben distanciarse del proyecto industrial y concentrase en las llamadas
ventajas comparativas que impone el mercado. Y son hoy las llamadas megalópolis
o ciudades neoliberales las que buscan atraer inversión extranjera para
volcarse en la conquista de los mercados. Las ciudades Chinas han sido
referenciadas como el proyecto a seguir, ciudades que atraen el flujo de
grandes capitales en territorios que no cuentan con legislación laboral, ni
ambiental, y que pueden explotar un gran contingente de mano de obra barata,
así como recursos estratégicos.
En efecto, desde el advenimiento
del neoliberalismo se ha dado curso a los nuevos ordenamientos territoriales
que se reflejan en la Constitución política del 91, donde la descentralización
impone a las regiones la gestión de recursos que en su gran mayoría son
buscados en el mercado global. Esto trae consigo, que los territorios se
desconecten de cualquier vínculo con la nación y se articulen al andamiaje del
mercado mundial. Uno de estos ejemplos se puede evidenciar en los diferentes
modelos de ciudad y región propuesto desde Bogotá como comando espacial del
capital: Región capital, región central, ciudad región, este último busca la
anexión de marcos territoriales como Puerto Salgar, Girardot, Villavicencio y
Sogamoso; territorios y espacios desde y para el capital que hoy se conoce como
Puerto seco o región central, recursos, infraestructuras, mercado laboral,
instituciones en función de la dinámica del capitalismo global.
Es en este contexto del llamado “nuevo
orden económico mundial” que se viene implementando una “nueva” división
internacional del trabajo, en el marco de intercambios comerciales desiguales,
condenando a los países periféricos a la dependencia absoluta con respecto a
los países imperialistas en materia económica, política y cultural. Para poder
hacerse a la inmensa cantidad de recursos ubicados en la periferia se ha dado
una reconfiguración territorial, gestada desde dispositivos de represión y
control de la población urbana y rural, que nos llevan a recordar la
actualización de los elementos que caracterizaron el llamado “procesos de
acumulación originaria del capital”: proletarización forzada, producto por la
violencia terrateniente-mafiosa en el campo colombiano, leyes del capital impuesta
contra los trabajadores, conocidas eufemísticamente como “reformas laborales”
que desconocen cualquier derecho fundamental asociado al trabajo. Esto lo ha
comentado muy sucintamente David Harvey, como el capital dentro del modelo
neoliberal, actualiza dicha “acumulación originaria” por medio de “acumulación
por desposesión”, que tiene que ver con la forma en que el capital crea
mecanismos de expansión espacio-temporales que le permitan mantener un ritmo de
acumulación creciente e impedir que éste se estanque. La acumulación por
desposesión implica entonces, la apropiación violenta de nuevos espacios
urbanos, rurales e institucionales por parte de un capital transnacional,
especulativo, privatizador y depredador de los recursos y bienes colectivos,
así como también otros mecanismos como la privatización y liberalización del
mercado, la financiarización de la economía, la biopiratería, la
mercantilización de la naturaleza y de diversas formas culturales, la
flexibilización laboral entre muchas otras que le permiten mantener el motor de
la acumulación . (Harvey, 2003)
En ese sentido, tanto el
continente como el país han sido ordenados de acuerdo a la lógica de la
división internacional del trabajo, la cual les ha impuesto a los países de la
periferia el papel de explotadores y exportadores de materia prima para que los
estados centrales o imperialistas las transformen y las devuelva en forma de
mercancías, por ello, se necesita readecuar las espacialidades, en este caso
las ciudades. En el mundo periférico, y en efecto en Colombia se puede develar
con base en las propuestas emanadas de la segunda Misión de Currie, proyectos
que transformaron territorios como el del perímetro de Bogotá, que en la década
de los cincuenta, subsume los municipios de Usme, Fontibón, Bosa, Suba y
Usaquén, dentro de la perspectiva de la dotación de alimentos y recursos
naturales para el desarrollo industrial.
De acuerdo a los cambios
generados a partir de la crisis estructural del sistema capitalista se
reorienta la ampliación de la ciudad; este proyecto se empieza a discutir a
partir del año 1992, ya para el 2003 se cuenta con un documento conocido:
“Bogotá Cundinamarca hacia una región competitiva” el cual busca consolidar a
la capital y el departamento como el polo de desarrollo e inversión más
importante del país. Se trata del primer planteamiento hecho alrededor de la
idea de una ciudad-región, proyecto que ha sido fuertemente impulsado por el
sector privado debido a los intereses económicos que allí se condensan. La idea
de crear una institución público-privada para promover la competitividad fue
tomada de algunas ciudades y regiones de Europa, Asia y América que han
desarrollado dicha práctica.
Sin embargo, los planes ya no se
reducen al marco espacial de Bogotá y Cundinamarca, sino que también busca
subsumir a los departamentos de Boyacá, Meta y Tolima, con el proyecto de la
región central, el cual se concreta en el 2004. Con este reordenamiento
territorial viene el reordenamiento poblacional en lo que se ha configurado
como una verdadera tragedia ya que las cifras indican que en el año 1990 la
región contaba con 3.922.200 personas, para el 2009 la cifra de habitantes de
la región ascendió a 9.7 millones y las proyecciones, según el DANE, apuntan
que de continuar con la actual tasa de crecimiento, para el 2020 la población
de la región alcanzará los 11,2 millones de habitantes, los cuales han llegado
en su mayoría despojados y desplazados de sus territorios por la violencia
estatal que les ha arrebatado sus tierras y la vida de muchos de sus familiares
y amigos, otros bajo el espejismo del progreso y el tener una “vida mejor”.
La economía de la ciudad región
es sostenida principalmente por el sector de los servicios, aportando el 67.1%
de la producción, en Bogotá este sector aporta el 71.9% mientras que en
Cundinamarca es del 44% el aporte a la producción, para el año 2009 el 79% de
las empresas se encontraban en el sector de los servicios (Cámara de Comercio
Bogotá, 2009). Lo cual se evidencia en el otorgamiento de territorios especiales
para el sistema financiero, como sucede en el centro internacional, la zona T,
o con los planes de ordenamiento que buscan ubicar en la “ciudad salud”,
“ciudad educativa”, plan centro, capitales sobreacumulados puestos al servicio
de la especulación mercantilizando derechos fundamentales como la salud, la
educación, la vivienda.
Esto mismo sucede en la región
donde tanto el sector de los servicios como el sistema financiero han venido
apropiando importantes territorios antes destinados a la agricultura para poner
en marcha planes de infraestructura, tanto para vivienda como para negocios
nacionales e internacionales, lo cual se evidencia en municipios como Mosquera,
Funza, Cota, Chía y Madrid.
La región de la Sabana de Bogotá,
tradicionalmente conocida como despensa agrícola de la ciudad ha cambiado
drásticamente su destino, ya que a partir de la década de los setenta del siglo
pasado se le dio preponderancia al monocultivo agroindustrial de flores. El
estado, ha renunciado por lo tanto a ejercer la responsabilidad institucional
de garantizar el acceso a un derecho fundamental como la alimentación, desde la
perspectiva de la soberanía alimentaria. En efecto, esta lógica depredadora y
especulativa del uso del suelo en la sabana se ve reflejada en la adaptación de
megaproyectos como el del MURA, que se interconecta con la infraestructura del
tren de cercanías y navegabilidad del rio Magdalena, que hacen parte del
proyecto de “Puerto seco” comandada espacialmente por Bogotá en función de los
flujos de los capitales y del mercado global:
Mapa No.1. Región Central
2004-2020
§
Por tanto, la transformación de
la ciudad y la región en el proyecto de ciudad- región y posteriormente el de
Región- Central ha tenido como principal motivación la inserción del entramado
de infraestructura, financiero y productivo en el mundo globalizado, para lo
cual se ha adecuado la legislación, la población, el territorio, las vías, el
paisaje, entre otros., hacer de esta la región más atractiva para la inversión
extranjera es el propósito motivador de los empresarios, los cuales unificados
en la Cámara de Comercio han encontrado el espacio adecuado para apostarle al
proyecto de transformación territorial, en el cual se han embarcado con todos
los recursos disponibles y necesarios, por ello se ha visto el incremento
acelerado en los impuestos prediales de la región, la valorización y otro tipo
de medidas que buscan asfixiar y subsumir a los pequeños propietarios para que
vendan sus propiedades a grandes inversionistas, quienes se hacen a jugosas
ganancias al vender estas tierras a proyectos de infraestructura,
principalmente en el “Puerto seco”, el ejemplo más ilustrativo lo constituyen
los terrenos adquiridos a menos precio por los hijos del expresidente Uribe en
el municipio de Mosquera, los cuales luego se destinarían a la construcción de
la Zona Franca de Occidente.
Así como los trabajadores han
sido reducidos a mercancías transables en la lógica del mercado, también se ha
mercantilizado la naturaleza trayendo consigo la expoliación y el saqueo de la
misma para posibilitar la expansión irracional de la ciudad. Esto ha traído
consigo un “ecocidio” que se expresa en la cantidad de desperdicios y
materiales desechados, lo cual amplia un impacto ambiental irreparable, en
otras palabras la ciudad ha sido responsable de una huella ecológica[1]
en detrimento ambiental de las regiones externas de las cuales depende. Así
mismo, la agroindustria de las flores junto con la ganadería han aportado de
manera importante a la destrucción del paisaje y los más importantes recursos
de la Sabana, tradicionalmente conocida por la calidad de sus suelos y aguas,
ni que pensar con la construcción del “Puerto seco” y toda la infraestructura
relacionada con los nuevos proyectos relacionados con las zonas francas y
bodegas de cargue y descargue de mercancías.
La otra cara de la moneda la pone
el capital financiero y transnacional, el cual gracias a los derechos otorgados
por los diferentes gobiernos les ha ido muy bien en los últimos años, basta ver
que el sistema financiero en el país en el año 2010 obtuvo ganancias netas de 8.7
billones de pesos, (Portafolio, 2011) en plena crisis del sistema capitalista,
es decir que la crisis la paga las y los trabajadores con el aumento en las horas de trabajo y la
pérdida de sus garantías, las cuales les son otorgadas al capital; entonces en
este sistema es todo para el capital y nada para los trabajadores que son
quienes producen las riquezas.
Se observa, entonces, que el
proyecto de región central continua en la misma lógica de los anteriores planes
de ordenamiento, es decir pretende subsumir otras regiones para el beneficio
del capital financiero internacional, el cual tiene como plataforma la ciudad
región para sus inversiones y negocios que como se vio son de bastante
utilidad, basta mencionar que en el periodo comprendido entre los años 2000 a
2008 el flujo de Inversiones Extranjeras Directas en la región ascendió a un
68% del total de las inversiones que arribaron al país (Cámara de Comercio
Bogotá, 2009). Vale la pena resaltar que es en este periodo cuando se
establecen las leyes de reformas laborales y pensionales que dieron al traste
con los derechos y garantías para las y los trabajadores, perjudicando de
manera directa a los nuevos trabajadores, ya que para estos se hace casi
imposible acceder a una pensión de jubilación con las actuales reglas, mientras
que las horas diurnas laborales se incrementaron hasta las diez de la noche y
se acentuó la tercerización y polivalencia en sus centros de trabajo.
Por ello, es evidente una
agudización de la contradicción capital- trabajo. En la región central además
la contradicción campo- ciudad se hace cada vez más latente ya que los
diferentes escenarios de “integración” regional ven a la zona rural únicamente
como proveedora de alimentos para la ciudad, haciéndola dependiente en este
sentido ya que el 33% de los alimentos básicos que consume Bogotá se encuentran
a una distancia de 40 kilómetros y cerca del 80% en un radio de 300 kilómetros
(Boyacá, Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca y el área rural de Bogotá) (Decreto
327 de 2007). Esto sin reparar en las condiciones de las y los campesinos y
mucho menos en retribuir un precio justo por sus trabajos, en los cuales se
presentan unas de las tasas de explotación más brutales de todos los sectores.
Una de las principales tensiones
que se presentan en la actualidad está en el diseño estratégico de una
espacialidad que busca absorber capitales sobreacumulados y que se materializan
en el proyecto de la Ciudad- Región.
Iniciativa que representa una oportunidad económica, social, política y
ambiental para los capitales para incrementar
la tasa de rotación del capital, explotar la fuerza de trabajo, las
infraestructuras y los recurso naturales
estratégicos vitales para el funcionamiento del sistema mundo capitalista. Esta
dinámica del capital, cuenta, con el apoyo institucional que ha posibilitado la
llegada de inversiones, en contravía de los derechos de la sociedad en su
conjunto, que ha visto como se abre la brecha entre los ricos y los pobres. Una
ciudad, evidentemente, tensionada entre los intereses del gran capital y los
derechos de la población a vivir una vida digna, con conciencia y vivencia de
los derechos fundamentales.
Así pues, se devela la necesidad
de construir una ciudad de derechos, la
cual debe privilegiar los derechos contemplados en la Constitución Política
como escenario de protección de las y los trabajadores, el cual debe estar
determinado por poner en el centro del debate las actuales condiciones de
producción y reproducción del capital, basado en la sobreexplotación de la mano
de obra de obreros y de la naturaleza. Esta tensión está determinada por el
nivel de fuerza de las clases que se disputan estos derechos. Las y los
trabajadores de la ciudad y la región deben comprender que el derecho a la
ciudad es un derecho que determina el bienestar y el trabajo digno, el cual no
es ni será garantizado en el actual marco del modelo económico neoliberal.
Ahora bien, este “Derecho a la
ciudad” no es más que la expresión política, organizativa, reivindicativa y
propositiva de cada uno de los
habitantes de la ciudad, que ya sabemos, no se reduce al perímetro urbano, y
que deben ejercer el control social de
la producción, distribución y consumo de bienes materiales y simbólicos
fundamentales para una vida digna, más no consumista. Reto nada desdeñable ante
una crisis sistémica del sistema mundo capitalista, que ha convertido a las
ciudades en un escenario espacial e institucional fundamental para prolongar
una dinámica capitalista que busca acumular capital en detrimento de la
sociedad y la naturaleza.
Así pues, una política de
integración diferente deberá pasar por la inclusión de las opiniones de la
población de esta región. Potenciar una ciudadanía activa, propositiva con
conciencia y vivencia de los derechos fundamentales.
Elaboración: Cristóbal Silva
González.
Colectivo Flora Tristán. CED-INS.
Julio 2014.
[1] El crecimiento urbano en términos de
expansión de la superficie, número de proyectos económicos y de habitantes,
trae consigo una serie de problemas ambientales tanto dentro de la ciudad como
en su entorno. La Huella Ecológica es una herramienta pedagógica usada para la
presentar el grado de daño ambiental causado por la apropiación creciente de
ecosistemas productivos externos destinados a satisfacer los requerimientos del
metabolismo urbano de la ciudad. La Huella Ecológica se calcula en términos
espaciales haciendo un estimado del número de hectáreas necesarias para
satisfacer los requerimientos de alimentos, combustibles, productos forestales
y suelo para la ocupación directa; además del espacio necesario para la
absorción de residuos y calor disipado.
